Entre las alegaciones destacan:

La injustificada desigualdad de trato en la protección de la intimidad entre las personas que abortan y el resto de usuarios del sistema de salud.

La ausencia de una regulación progresista sobre el derecho de la mujer a una información completa sobre los riesgos del aborto y las alternativas existentes.

La regulación de la financiación de los centros privados acreditados para realizar abortos que puede generar inmensos fraudes al erario público.