Visto el desprecio mostrado por la Consejería de Educación frente a los derechos y libertades de los padres y los alumnos, puesto de relieve en diversas iniciativas, como la presentación de más de 225.000 alegaciones o la manifestación de miles de personas celebrada el 9  de Junio de 2008, para protestar por el proyecto de Ley Catalana de Educación, texto que ha sido remitido por el Gobierno al Parlamento de Cataluña sin introducir apenas cambios, vista su nula voluntad de diálogo y de consenso con los padres al redactar dicha norma, ante el silencio que mantienen los partidos que dicen estar negociando modificaciones y después de finalizar el periodo de comparecencias.