La confluencia de la crisis económica que azota brutalmente a millones de familias, y los recortes en el gasto público asociados a la política del Gobierno, están haciendo mucho más dura la vida de las familias españolas. Parece de justicia que el Gobierno discrimine positivamente a la familia a la hora de definir tanto las políticas de gasto público como las fiscales, pues la familia sigue realizando una labor de inmensa eficacia social que, sino fuese atendida por las propias familias, generaría nuevas fuentes de gasto público.

Últimamente asistimos a un panorama económico desalentador. La crisis está azotando a multitud de familias y muchos se ven en el paro y sin ingresos. Multitud de jóvenes emancipados están volviendo a sus casas y muchos abuelos acogen a hijos casados con nietos.