El Gobierno del Partido Popular pretende renunciar a modificar la vigente legislación en materia de aborto manteniendo así la despenalización total de su práctica y su reconocimiento como un derecho. Dicha iniciativa supondría la consolidación definitiva de la desprotección total de las dos víctimas del aborto: el niño no nacido, que carecerá de toda protección jurídica, y la mujer, abocada al aborto sin alternativas posibles.