A los senadores que están a favor de la vida

Rafael Pérez Domínguez

16 septiembre, 2015 at 12:37

Y envié hace un par de días un extenso comentario sobre este asunto a don Mariano Calabuig, presidente del Foro de la Familia. Acabo de enviar un email a ABC redun dando sobre el mismo temas. Lo reproduzco a continuación:

Dice hoy en ABC don Mariano Calabuig, director del Foro de la Familia, que en su lucha contra el aborto “seguirán igual”, que “han salido a la calle con Zapatero y con Rajoy y de nada ha servido” y que le “duele muchísimo ver cómo cambian de opinión según les venga y les sirvamos sólo cuando hay elecciones… estoy defraudado con los políticos”.

Asimilar los comportamientos de Zapatero y Rajoy respecto al aborto dice poco en favor de la capacidad intelectual, moral y política de don Mariano Calabuig. Zapatero promulgó la ley de plazos y Rajoy la tiene sometida a recurso de inconstitucionalidad, y este dato debería ser el norte que guiara la actitud de Calabuig, de Foro de la Familia y de otras organizaciones pro-vida.

Un gobernante responsable no puede hacer simplemente prevalecer su programa político en base a su mayoría parlamentaria, siendo ésta necesariamente mudable y el asunto a legislar tan delicado como el del aborto. Un asunto que divide política, moral y sociológicamente a la sociedad española y que por tanto no es susceptible de ser zanjado mediante una mera mayoría parlamentaria, sino que requiere de un consenso social que no existe y, en su defecto, de una resolución jurídica que sobrepase el ámbito temporal y normativo de una legislatura.

Tal resolución jurídica sólo puede ser proporcionada por el Tribunal Constitucional, resolviendo el recurso mantenido por Rajoy en torno a la ley de plazos. Esto es así y no tiene ninguna vuelta de hoja, y cualquier pretensión de que se resuelva mediante meras mayorías parlamentarias tiene el mismo futuro que tuvo el proyecto de Transvase del Ebro.

Así pues, las miradas, las argumentaciones deben dirigirse no hacia el Gobierno sino hacia el Tribunal Constitucional, y estar preparados para aceptar el dictamen que éste acuerde: si dictamina inconstitucionalidad, el Gobierno podrá modificar la ley de plazos con el respaldo inapelable de la legalidad constitucional; si dictamina constitucionalidad, la lucha por la civilización y la piedad seguirá en pie y requerirá una larga y dura forja del consenso social, previo a una reforma legislativa estable.

Calabuig debe meditar sobre este asunto, cambiando el ángulo simplista y profundamente equivocado mantenido por su antecesor Benigno Blanco. De lo contrario, seguirá simplemente arrojando piedras sobre su propio –y nuestro- tejado.

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Rafael Pérez Domínguez

16 septiembre, 2015 at 12:37


Y envié hace un par de días un extenso comentario sobre este asunto a don Mariano Calabuig, presidente del Foro de la Familia. Acabo de enviar un email a ABC redun dando sobre el mismo temas. Lo reproduzco a continuación:

Dice hoy en ABC don Mariano Calabuig, director del Foro de la Familia, que en su lucha contra el aborto “seguirán igual”, que “han salido a la calle con Zapatero y con Rajoy y de nada ha servido” y que le “duele muchísimo ver cómo cambian de opinión según les venga y les sirvamos sólo cuando hay elecciones… estoy defraudado con los políticos”.

Asimilar los comportamientos de Zapatero y Rajoy respecto al aborto dice poco en favor de la capacidad intelectual, moral y política de don Mariano Calabuig. Zapatero promulgó la ley de plazos y Rajoy la tiene sometida a recurso de inconstitucionalidad, y este dato debería ser el norte que guiara la actitud de Calabuig, de Foro de la Familia y de otras organizaciones pro-vida.

Un gobernante responsable no puede hacer simplemente prevalecer su programa político en base a su mayoría parlamentaria, siendo ésta necesariamente mudable y el asunto a legislar tan delicado como el del aborto. Un asunto que divide política, moral y sociológicamente a la sociedad española y que por tanto no es susceptible de ser zanjado mediante una mera mayoría parlamentaria, sino que requiere de un consenso social que no existe y, en su defecto, de una resolución jurídica que sobrepase el ámbito temporal y normativo de una legislatura.

Tal resolución jurídica sólo puede ser proporcionada por el Tribunal Constitucional, resolviendo el recurso mantenido por Rajoy en torno a la ley de plazos. Esto es así y no tiene ninguna vuelta de hoja, y cualquier pretensión de que se resuelva mediante meras mayorías parlamentarias tiene el mismo futuro que tuvo el proyecto de Transvase del Ebro.

Así pues, las miradas, las argumentaciones deben dirigirse no hacia el Gobierno sino hacia el Tribunal Constitucional, y estar preparados para aceptar el dictamen que éste acuerde: si dictamina inconstitucionalidad, el Gobierno podrá modificar la ley de plazos con el respaldo inapelable de la legalidad constitucional; si dictamina constitucionalidad, la lucha por la civilización y la piedad seguirá en pie y requerirá una larga y dura forja del consenso social, previo a una reforma legislativa estable.

Calabuig debe meditar sobre este asunto, cambiando el ángulo simplista y profundamente equivocado mantenido por su antecesor Benigno Blanco. De lo contrario, seguirá simplemente arrojando piedras sobre su propio –y nuestro- tejado.