Cuando la patria potestad es el obstáculo

Si se quiere implantar un nuevo orden social, por los motivos que sea, la primera barrera será, lógicamente, la tradición y la herencia cultural. Si el objetivo es transformarlo todo, se tendrá que sustituir la base social por otra nueva. Así que fuera tradiciones, y bienvenidos sean un nuevo sistema de valores y nuevas interpretaciones de la Historia para ir difuminando la herencia histórica y cultural. Para ello, se lanzan medidas concretas, normalmente atractivas en la forma (lenguaje) y destructivas en el contenido.

Resulta que al Estado no le está siendo nada fácil esta tarea, principalmente porque los ciudadanos se van transmitiendo conocimientos y virtudes unos a otros de generación en generación, normalmente de padres a hijos. Segunda barrera según esta lógica: la Familia. Por tanto, para que el mensaje del Estado sea exitoso tiene que llegar a los niños sin oposición de los padres. Se podrían adoptar muchas medidas con carácter coercitivo, pero el Estado no quiere mala fama. Mejor que sea la propia sociedad quien compre el mensaje.

Para lograr este nuevo orden social, primero el Estado deberá ir invadiendo los espacios anteriormente ocupados por la Familia. Si se fomenta una sexualidad desligada de la procreación, tendremos menos familias. A por ello. Si se presenta el aborto como un “derecho” de “salud reproductiva”, tendremos menos familias. A por ello. Si se promueven técnicas de reproducción asistida donde no sean necesarios los padres en unión estable, tendremos menos familias. A por ello. Si se vacía de contenido el matrimonio para equipararlo a otro tipo de uniones, tendremos menos familias. A por ello. Si se implanta de manera obligatoria en los centros educativos la enseñanza del nuevo sistema de valores que se pretende conseguir, tendrá menos peso la herencia cultural y las virtudes transmitidas por los padres. A por ello. En definitiva, si se obvia a las familias de la ecuación del tejido social, debilitando la patria potestad, se podrá influir directamente en los nuevos ciudadanos, reduciendo la oposición al nuevo orden social que se pretende instaurar.

En Reino Unido, la patria potestad de los padres de Charlie Gard y de Alfie Evans quedó enterrada bajo la decisión del Estado sobre la vida de estos niños. En Noruega, el sistema público de protección de la infancia, a través del servicio estatal Barnevernet, arranca a niños de sus familias sin orden ni proceso judicial, simplemente por las decisiones de una comisión interna de asuntos familiares. En Escocia, el Proyecto de Persona Designada (Named Person Scheme), dispone que cada niño tendrá designado un agente del gobierno para controlar su educación y progreso. En varios países occidentales, el Estado obliga a que los niños reciban educación en valores sobre los que no hay consenso distintos a los que sus padres quieren transmitirles basándose en un supuesto interés superior del menor. Como ven, no estamos hablando de ninguna distopía, por mucho que nos recuerde a cierta novela de George Orwell.

Permitan, por todo lo expuesto, que sienta preocupación por el anuncio de que el nuevo Presidente del Gobierno de España creará un Alto Comisionado para luchar contra la pobreza infantil, porque en nombre de este título atractivo, visto el ejemplo internacional, quizá se pueda minar más aún la patria potestad de los padres españoles.

Desde el Foro de la Familia insistimos en la necesidad de abordar una Ley Integral de Familia que, además de aunar criterios y ayudas para todo el territorio nacional (hay muchas diferencias significativas dependiendo de la Comunidad Autónoma), dote de una perspectiva de familia a todas las políticas públicas, con carácter pedagógico para poner en alza el valor e importancia de la Familia, que incluya medidas concretas de política familiar, donde los principales problemas que hay que solucionar son los relacionados con el invierno demográfico, con la conciliación y con el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias y valores. Quizá éste sí sería un buen marco para incluir el Alto Comisionado que el Gobierno va a crear, pero mucho me temo que, dado el nulo interés mostrado por nuestra iniciativa de fortalecer la institución familiar, más bien servirá para lo contrario.

Sería tremendamente absurdo, por ejemplo, el hecho que el Estado retirase la patria potestad del último hijo de una familia numerosa por no llegar a obtener unos ingresos familiares determinados, mientras no se aborda por parte del Gobierno la revisión de unas ayudas más justas a estas familias, dado el bien que aportan a la sociedad no sólo en forma de capital humano, sino igualmente de recursos económicos. El gasto público en familia no debería tener la consideración de gasto sino de inversión, dado que el Estado recibe por cada hijo unos beneficios superiores a cinco veces el gasto en el que incurre. Por tanto, todo lo que no fuese, en este sentido, intentar paliar la pobreza infantil mediante el fortalecimiento de las familias sería aún más agravante para las arcas del propio Estado.

Deseo con todas mis fuerzas equivocarme en este pronóstico.

 

 

 

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