Ley LGTBI en CyL «innecesaria y discriminatoria»

El presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, ha presentado el documento que ha remitido a la Junta de Castilla y León tras iniciar ésta una consulta popular de cara a iniciar la tramitación de una Ley LGTBI.

«El Gobierno regional yerra gravemente al asumir los preceptos de la ideología de género para la creación de una norma que atentaría contra la mayoría de los ciudadanos privilegiando a unos pocos sólo por su orientación o identidad sexual», analizó Ignacio García-Juliá,  presidente del Foro de la Familia.

A lo largo de cuatro puntos, esta organización critica esta iniciativa, al ser «innecesaria, discriminatoria y creadora de inseguridad jurídica».

1. Error conceptual de partida. Se parte de la existencia de personas LGTBI, como si su orientación sexual les convirtiera en seres distintos a las personas a secas. Se pretende dar el mismo tratamiento a la persona, su comportamiento sexual y a ciertas opiniones cuando en realidad se trata de tres realidades distintas.

2. Amenaza para la libertad. La imposición legal de la ideología de género como  verdad absoluta provoca que se confunda el rechazo a estas teorías como un acto de discriminación, punible merced a estas nuevas normas. Se coarta así las libertades fundamentales de pensamiento y expresión.

3. Redundancia e inseguridad jurídica.  Todo lo que se quiere regular con estas leyes ya se encuentra recogido en tratados internacionales, la Constitución Española y la normativa antidiscriminación europea y nacional respecto a todos los seres humanos.
Asimismo, este tipo de normas genera una gran inseguridad jurídica, ya que utilizan un lenguaje no estandarizado, de interpretación discutible y que puede señalar como infractores a cualquiera. Se crea, además, un riesgo de que la litigiosidad en los juzgados se incremente considerablemente.

4. Abandono de la neutralidad de las administraciones públicas. Obligar por ley a hacer visible en todos los ámbitos sociales una visión concreta de la sexualidad supone un posicionamiento por parte de los poderes públicos en favor de esa visión en concreto. Se quiebra así la imprescindible neutralidad que se debe exigir a las administraciones públicas, lo que es incompatible con una sociedad plural y libre.

Por todo ello, desde el Foro de la Familia reclamamos que se paralice la tramitación de esta norma.

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